Evento destaca la justicia tributaria como elemento fundamental para garantizar una inversión adecuada en la educación pública

Encuentro en Lima discutió la relación entre la justicia tributaria, la evasión fiscal y la financiación de una educación de calidad en los países de América Latina y el Caribe

El 12 de junio tuvo lugar en Lima, Perú, el evento “Igualdad de oportunidades, ¿sin tributar? Más inversión para la educación pública”, una iniciativa de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), con el apoyo de la Oficina de UNESCO en Perú, del Grupo Nacional de Presupuesto Público (GNPP), de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC). El encuentro se realizó previamente a la Conferencia 2018 de la Tax Justice Network (Red Mundial de Justicia Tributaria), debate internacional sobre la justicia fiscal y sus efectos en la superación de las desigualdades y la realización de derechos, que tuvo lugar los días 13 y 14 de junio de 2018, también en Lima.

El evento organizado por la CPDE contó con la presencia de investigadoras/es y activistas que presentaron hallazgos de estudios más recientes e informaciones relevantes sobre el tema presupuesto público y su relación con la cuestión tributaria y el derecho humano a la educación en el marco del compromiso del Estado de Perú con el cumplimiento de las Agendas de Educación y de Desarrollo Sostenible 2030.

Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana, señaló que el objetivo del evento fue llamar la atención de la opinión pública para el hecho de que si no se invierte lo suficiente para alcanzar las metas educativas de la Agenda de Educación 2030, no se logrará realizarla. Una manera de garantizar recursos para el financiamiento adecuado del derecho a la educación, según Zúñiga, es cortar los privilegios fiscales que las grandes empresas reciben de los gobiernos. “Si los Estados recibieran los montos de impuestos que estas compañías no pagan, habría mucho más recursos para invertir en los programas sociales, como los educativos”, afirmó en entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).

Dando inicio a los debates del encuentro, Magaly Robalino, jefa de la Oficina de UNESCO en Lima, abordó la relación entre el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y el financiamiento educativo, señalando además los tres principios fundamentales de la Agenda 2030, que son la universalidad e integralidad de derechos y el compromiso de “que nadie se quede atrás”, es decir, de garantizar la inclusión y la realización de los derechos humanos de las poblaciones históricamente marginadas, como indígenas, mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, etc. Añadió que la educación es un sector de las políticas públicas central para que estos principios se cumplan. “Se ha hecho más visible la insuficiente recaudación fiscal por los Estados, la cual limita las posibilidades de implementar políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, entre ellas las políticas que rigen la educación pública”, afirmó.

A su vez, Hugo Ñopo, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), analizó el gasto por estudiante vinculado al desempeño y cómo ha evolucionado el presupuesto de educación como parte del presupuesto público total en la última década. Según el investigador, Perú es uno de los países de la región que menos invierten por estudiante, destinando al año 1.100 dólares por estudiante en la educación básica regular, mientras que Colombia asigna 2.200 dólares, y Chile dedica 3.500 dólares para cada niña o niño en esta etapa educativa.

“El Estado peruano necesita más recursos para financiar las mejoras que la educación nacional requiere”, afirmó, lo que en su mirada se logrará mediante la ampliación de la base tributaria del Estado. Sin embargo, Ñopo subrayó que “esta mejora en la recaudación fiscal tiene que venir de la mano con un mejor uso de los recursos públicos, un uso más serio, consciente y responsable de los fondos estatales”.

En su intervención, Adrián Falco, secretario técnico de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC), abordó las prácticas de evasión y elusión fiscal de las grandes corporaciones y las implicaciones de la erosión de las bases tributarias en América Latina y el Caribe. "Los servicios financieros offshorepermiten una malversación de fondos, posibilitando a las grandes empresas esconderse de los fiscos y desfinanciar los Estados", señaló, refriéndose a los paraísos fiscales que mantienen transacciones financieras, inclusive las ilícitas, en sigilo.

Añadió que la tributación ha sido un tema problemático en el ámbito latinoamericano y caribeño, especialmente debido al incumplimiento de obligaciones por parte de las élites empresariales y las transnacionales que operan en la región. “Estas, además de obtener privilegios para pagar menos impuestos, acuden a prácticas fiscales nocivas para fugar el dinero de los países. Así desfinancian los presupuestos públicos y a la vez perjudican la realización de diversos derechos humanos, entre ellos la educación”, enfatizó.

Acceda aquí a la grabación del evento completo.

Entrevista a Madeleine Zúñiga, de la CPDE: Alexis Chévez / Radio Stereo Villa - ALER 
Redacción de texto: Samuel Grillo / CLADE