- ¡POR UN MÍNIMO DEL 6% DEL PIB EN EDUCACIÓN! ¡POR UN MÍNIMO DEL 20% DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EJECUTADO EN EDUCACIÓN!
Sin un mayor nivel de inversiones en educación, los países latinoamericanos y caribeños no podrán mejorar las condiciones de infraestructura escolar, promover entornos verdaderamente educativos, asegurar la educación inclusiva, el trabajo decente y salarios dignos para los y las docentes, y además garantizar la gobernanza democrática en las escuelas y la continuidad y el acceso a la educación gratuita.
Los compromisos internacionales establecen metas mínimas de financiamiento claras a alcanzarse en nuestros países, que pueden y deben guiar las acciones de incidencia de la sociedad civil. Sin embargo, la coyuntura y las peculiaridades de cada país determinarán qué mínimo de inversiones en educación es necesario para garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todas las personas.
A su vez, en la Agenda de Educación 2030, los países donantes de la cooperación internacional se comprometieron a dedicar el 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 2020 y entre el 15% y el 20% de la AOD a la educación.
- ¡ALTO A LOS RETROCESOS PRESUPUESTARIOS EN LA EDUCACIÓN!
Algunos países de nuestra región están experimentando graves retrocesos en la asignación de recursos financieros para la educación, lo cual supone la violación de derechos y pone en peligro el cumplimiento de las metas educativas.
- ¡POR LA PLENA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!
Para hacer realidad los compromisos internacionales de expansión y universalización de la educación pública y gratuita, es necesario un mayor y mejor financiamiento del sistema educativo público.
La gratuidad educativa plena, que todavía no se ha hecho realidad en nuestra región, supone la ausencia de cualquier tipo de costos relacionados al proceso educativo, sean directos (cuotas escolares y aranceles relativos a matrículas, libros de texto, materiales, transporte, inscripción en exámenes y pagos adicionales a maestras y maestros, etc.) o indirectos (cobros en razón de alimentación y vestimenta, así como otros elementos que condicionan el acceso y permanencia en la escuela). Para hacerle frente a las tendencias privatizadoras de y en la educación y a las acciones que imponen la lógica del mercado en la educación pública y amenazan la gratuidad de la educación, es necesario contar con sistemas educativos fortalecidos y abiertos a la participación de la comunidad educativa.
- ¡POR JUSTICIA TRIBUTARIA Y LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La justicia tributaria permite que se fijen las condiciones necesarias para la realización del derecho humano a la educación: sin el establecimiento de un sistema tributario-fiscal justo y equitativo y de mecanismos efectivos para contrarrestar la elusión y evasión fiscales, los países de América Latina y el Caribe difícilmente contarán con recursos públicos suficientes para superar las desigualdades y garantizar los derechos humanos.
En ese sentido, hay que reconocer que la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad comienza por darle fin a los incentivos fiscales perjudiciales y las prácticas de elusión fiscal de las empresas nacionales y transnacionales, por aumentar la transparencia de los gobiernos y las grandes corporaciones y por establecer una nueva arquitectura tributaria internacional.