Para que la ciudadanía pueda exigirle a los Estados una inversión en educación pública continua y suficiente, es importante tener a mano datos y análisis de cómo se da el financiamiento de la educación a lo largo del tiempo. Pensando en esa necesidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) pone a la disposición el Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe.
Esta plataforma, que cuenta con el apoyo de Oxfam Novib, Oxfam IBIS y Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (Civil Society Education Fund - CSEF), presenta datos comparativos y análisis sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región. La información recopilada puede ser consultada de manera individual para cada país, o de modo comparado a nivel regional. Asimismo, se organiza en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar.
La primera dimensión (esfuerzo financiero público) se refiere a la cantidad global de recursos que cada país asigna al sistema educativo público, como parte del presupuesto total del gobierno y de la riqueza nacional (Producto Interno Bruto - PIB). La segunda dimensión (disponibilidad de recursos) se centra en observar los recursos públicos disponibles para cada persona en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto educativo disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas al sistema educativo, considerándose la pre-primaria, primaria y secundaria.
La tercera dimensión, a su vez, aborda la perspectiva de la equidad en el acceso escolar, en particular observando la diferencia entre las tasas de asistencia escolar del quintil de ingresos más altos y del quintil de ingresos más bajos de la población de cada país. Esta dimensión trata de aproximarse a las desigualdades históricas que han operado en nuestros sistemas públicos de educación, debido, entre otras razones, a una inadecuada disponibilidad de recursos que garanticen el acceso a la educación en condiciones de igualdad para todas las personas.
Explorar la distancia entre los valores de un determinado país y los valores de referencia internacional, en indicadores concretos sobre el financiamiento de la educación, puede ser una herramienta útil de reivindicación y presión política ante los gobiernos nacionales. “Con esta iniciativa queremos contribuir a realizar una incidencia política desde la sociedad civil en base a evidencias y datos concretos, y así abrir caminos para lograr una financiación adecuada para la educación pública, gratuita, laica y de calidad en nuestra región”, explica Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.
Los datos utilizados provienen de organismos internacionales - Banco Mundial, Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - y son los más recientes disponibles en esas bases de datos. Sin embargo, es de lamentar que algunos países de la región no reporten sus datos de los últimos años en algunas de las dimensiones analizadas o, incluso, no permitan que la población tenga acceso a la mayoría o la totalidad de la información necesaria para realizar un seguimiento del financiamiento del derecho humano a la educación.
Analizando los datos que se presentan en el Sistema, se puede resaltar que entre los 20 países de América Latina y el Caribe, solo Bolivia (desde el 2002), Brasil (únicamente en el año 2013, luego de un incremento constante de inversiones en el período 2004-2013), Costa Rica (desde 2009), Cuba (en todos los años con datos disponibles, o sea, de 1998 a 2010) y Venezuela (2009) han logrado que su gasto educativo alcance el 6% de su PIB, que es el valor de referencia acordado para este indicador en la Agenda de Educación 2030 y confirmado por los Estados de América Latina y el Caribe en la Carta de Lima (2014). Con relación al compromiso firmado por los Estados de la región, en estos mismos documentos, de dedicar como mínimo el 20% de su presupuesto público total a la educación, de acuerdo a los datos disponibles, apenas seis países (Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela) superaron este monto en algunos de los trienios del período analizado. Costa Rica es el único país que lo superó en todo el período observado.
Respecto a la dimensión de la disponibilidad de recursos públicos por persona en edad escolar, es importante mencionar que ocho países de América Latina y el Caribe han incrementado de forma importante sus recursos en el período considerado en el estudio, presentando los valores más altos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, todos están muy por debajo del valor de referencia establecido para esta dimensión, que es de US$7.221,6 por persona en edad escolar al año. Ese valor representa el promedio de inversiones por persona en edad escolar de la mitad de países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010.
El país mejor situado en esta dimensión es Costa Rica, que destinó US$3.860,11 por persona en edad escolar al año, en el trienio 2013-2015, suma que apenas supera la mitad de la referencia establecida para la dimensión. Los demás países de América Central están en una banda de muy bajas inversiones por persona en edad escolar, llegando al extremo caso de Nicaragua, donde fueran destinados US$371 por persona en edad escolar al año (alrededor del 5% del valor de referencia) entre 2010 y 2012.
Finalmente, en la dimensión de equidad en el acceso escolar, sobresale la situación de Bolivia, República Dominicana y Perú, donde casi no hay diferencia entre las tasas de asistencia escolar de los dos quintiles analizados. A su vez, los países con una desigualdad más marcada son El Salvador, Honduras, México y Uruguay.
Además de los datos y análisis disponibles en el Sistema de Monitoreo, la CLADE preparó un documento que invita a reflexionar sobre elementos de la coyuntura de la región que preocupan y apuntan hacia retrocesos respecto a la movilización de recursos en los países, para la garantía de la educación pública. Ese escenario se presenta pese a que en el 2015 los Estados hayan adoptado las Agendas de Desarrollo Sostenible y de Educación 2030, con las cuales se comprometieron a incrementar los recursos dedicados a la educación, con miras a cumplir las metas educativas acordadas.
El lanzamiento del Sistema de Monitoreo ocurre en el marco de la primera Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que tiene como lema “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todos y todas”. Esa movilización se inicia en el marco de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas y del aniversario de adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda de Educación 2030, y tendrá actividades de movilización e incidencia por más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos hasta julio de 2018, cuando se realizará en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los ODS.
Para acceder al Sistema de Monitoreo, visite: http://monitoreo.campanaderechoeducacion.org/
